Ayer asistimos tristemente al descrédito del sistema judicial, encarnado en su máxima representación que es el Tribunal Supremo. Han bastado 2 días para acabar con el principio de seguridad jurídica, una de las máximas expresiones de un Estado de derecho y base de la confianza en las instituciones y en sus poderes públicos.
El Tribunal Constitucional sentenció en 2009 que El principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva prohíben a los órganos judiciales, excepto en los supuestos específicamente previstos en la Ley, reexaminar el juicio realizado en un supuesto concreto, incluso en el caso de que posteriormente estimaran que su decisión no se ajustaba a la realidad. En este caso, la realidad no se ajustaba a la de las entidades financieras, porque implicaba beneficiar a la ciudadanía, por eso en una decisión sin precedentes el Tribunal Supremo ha rectificado su propia jurisprudencia y señala que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados son los clientes y no las entidades financieras. Una vez más, el Poder Judicial ha perdido los papeles, doblegándose a la presión de la banca y de los mercados financieros que son quienes regulan las vidas de ciudadanas y ciudadanos.
Una ciudadanía que no ha de permanecer callada, sino que ha de salir a la calle y hacerse oír, recobrando con ello la dignidad y el orgullo que en 2 largos días le ha arrebatado una Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ha demostrado que carece de ellos.
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